
Bulgaria vive la mayor ola de protestas en muchos años, en medio de un clima social marcado por el cansancio ciudadano frente a la corrupción, la tensión política y la inminente entrada del país a la eurozona. El lunes, decenas de miles de personas se manifestaron simultáneamente en las principales ciudades del país balcánico, con epicentro en la Plaza del Parlamento de Sofía, donde se registró la mayor concentración desde hace años.
Entre gritos de “mafia” y “dimisión”, los manifestantes exigieron la renuncia del gobierno y un cambio profundo en la forma en que se gestiona el país. Desde el miércoles anterior, los ciudadanos también protestan contra el proyecto de presupuesto para 2026, el primero elaborado en euros, que muchos consideran una herramienta que oculta y perpetúa la corrupción arraigada en las instituciones estatales.
La transición de Bulgaria al euro, prevista para el 1 de enero de 2026, ha generado temores significativos entre la población, especialmente por el riesgo de que los precios aumenten de manera abrupta, como ha ocurrido en otros países al adoptar la moneda común. Tras la manifestación principal, se produjeron enfrentamientos entre grupos encapuchados y la policía: fueron lanzadas piedras, botellas y fuegos artificiales contra la sede del partido DPS, aliado del gobierno, y las fuerzas de seguridad respondieron con gas lacrimógeno. También se vandalizó una oficina del partido conservador gobernante Gerb.
Algunos manifestantes expresaron temor de que los responsables de los actos violentos pudieran ser provocadores contratados para desacreditar el movimiento ciudadano y justificar futuras medidas represivas por parte del gobierno. Frente al aumento de la tensión, el jefe de Estado, Rumen Radev, hizo un llamado urgente al fin de la violencia, calificando los disturbios como una “provocación de la mafia” y reiterando su exigencia de que el gobierno dimita de inmediato.
“Solo hay una salida: la dimisión y las elecciones anticipadas”, declaró en redes sociales. La crisis pone nuevamente de relieve la fragilidad institucional del país, que ocupa junto a Hungría y Rumanía el último puesto en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional dentro de la Unión Europea.
Con un presupuesto cuestionado, una ciudadanía movilizada y un gobierno debilitado, Bulgaria entra en una fase de inestabilidad política justo antes de un cambio histórico hacia el euro, un proceso que ahora se ve empañado por dudas, desconfianza y un creciente malestar social.