El presidente estadounidense Donald Trump generó tensión política al afirmar que seis miembros demócratas del Congreso habrían incurrido en actos que, según él, podrían considerarse traición, mencionando incluso la pena de muerte como posible consecuencia. Las declaraciones fueron publicadas el jueves en la plataforma Truth Social, donde Trump calificó a los legisladores de “traidores” y señaló que, en su opinión, habían mostrado “comportamientos incendiarios”. 

Los seis integrantes, tres mujeres y tres hombres, habían difundido previamente un video en el que instaban a militares en servicio activo y personal de inteligencia a rechazar cualquier orden que consideraran ilegal, recordando que su juramento es proteger la Constitución. En su mensaje, los legisladores citaron ejemplos que consideran preocupantes, como el uso de tropas en operaciones contra manifestantes —una decisión que Trump aplicó en ocasiones pasadas— o la propuesta de emplear fuerza letal contra presuntos traficantes de drogas provenientes de América Latina, medidas que, según organizaciones internacionales, podrían contravenir normas legales vigentes.

Desde la Casa Blanca, el asesor Stephen Miller acusó a los miembros del Congreso de promover acciones contrarias al orden institucional. Entre los firmantes del video figuran la senadora Elissa Slotkin, con experiencia en la CIA; el senador Mark Kelly, exmilitar y exastronauta; y los representantes Chris Deluzio, Jason Crow, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan, todos con trayectoria en las fuerzas armadas o agencias de seguridad.

La Constitución de Estados Unidos define la traición de manera estricta y reserva a los tribunales la potestad de determinar responsabilidades y sanciones, que pueden ir desde multas hasta pena de muerte en casos excepcionales. Aunque el presidente puede influir en las prioridades de investigación mediante directrices políticas, cualquier acusación formal requeriría procesos judiciales independientes.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que busca endurecer las penas para delitos considerados especialmente graves, marco en el que ya ha solicitado pena capital en un caso específico. El episodio actual reaviva el debate sobre los límites del poder ejecutivo, la independencia institucional y el papel de las fuerzas armadas en un contexto político cada vez más polarizado.